ARANTEPACUA ¡CRIMEN
DE ESTADO!
(Primera parte)
Imágenes de Cristian
Leyva
Foto de portada de
Auani Pascual
Agencia SubVersiones
Por distintos medios
de comunicación se difundió la violenta incursión a la comunidad indígena
purépecha de Arantepacua el pasado 5 de abril por parte del Estado mexicano a
manos del Ejercito (SEDENA), la Secretaria de Seguridad Pública del estado de
Michoacán y el Grupo de Operaciones Especiales (GOES). Durante su incursión las
fuerzas armadas y de seguridad pública realizaron disparos con armas de fuego a
la población indígena, dejando como saldo el asesinato de 3 comuneros y 1 menor
de edad; Santiago Crisanto Luna, José Carlos Jiménez Crisóstomo, Francisco
Jiménez Alejandre y el menor Luis Gustavo Hernández Cohenete.
Decenas de heridos, cateos a los domicilios aun incuantificable, el
terror sembrado a la población, violaciones graves a los derechos humanos y a
los derechos de los pueblos indígenas. Se violentó la constitución política
mexicana gravemente y con total impunidad se asesinó a sangre fría. El
operativo fue desmedido, el uso de la fuerza pública y las fuerzas armadas no
estaba justificado, fue una decisión de alto mando dar un ejemplo de la
capacidad de imponer el terrorismo de Estado en Arantepacua.
A través de diversos medios de comunicación se difundieron versiones
para confundir e invisibilizar la actuación del Estado. Las versiones en su
mayoría apuntaron al conflicto de tierras entre la comunidad de Arantepacua
perteneciente al municipio de Nahuatzen y la comunidad de Capacuaro del
municipio de Uruapan. Sin embargo no se mencionó que al momento de ocurrir los
asesinatos en los que se señala a las fuerzas armadas y de seguridad publica en
Arantepacua, los pobladores de Capacuaro con quienes efectivamente mantienen un
desacuerdo por 520 hectáreas de tierra, no se encontraban en los terrenos en
discordia.
Este hecho no es menor, no es una omisión o un descuido cualquiera, las
imágenes difundidas donde se pueden ver explícitamente a comuneros de
Arantepacua asesinados, caídos y ensangrentados en los terrenos de la
comunidad, más los textos «conflicto de
tierras» crean la falsa apariencia de mostrar un conflicto entre civiles.
Lo sucedido fue totalmente diferente. Aquí iniciamos una serie de reportajes
que a través de testimonios e investigación muestran que lo sucedido apunta a
un crimen de Estado en contra de esta población indígena.
El ejemplo del terror.
El panorama de
conflictividades en Michoacán es complejo por la presencia autodefensas, grupos
paramilitares, comunidades organizadas y movimientos estudiantiles. Esta
complejidad ha sido utilizada para confundir a la población; al amparo de esta
neblina mediática, los gobiernos estatal y federal criminalizan por igual a
movimientos sociales o comunidades indígenas organizadas que a grupos
criminales o narco paramilitares.
Por ejemplo recientemente en la costa Nahua de Michoacán el pasado 5 de
Febrero se dieron a conocer las acciones realizadas por parte de la Secretaria
de Marina Armada de México (SEMAR), institución señalada por los pobladores
como actor material de la detención de 5 policías comunitarios y su posterior
entrega a manos de grupos narco paramilitares, durante esta reciente ofensiva en contra de la comunidad indígena nahua de
Santa María Ostula, las detenciones ilegales llegaron a ser
7, a quienes a través de movilizaciones y bloqueos posteriormente lograron
liberar. En esta comunidad aun continúa pendiente la justicia por el caso del
menor Hidelberto Reyes García de 12 años de edad quien fue asesinado también
después de una incursión militar a esta población en julio del 2015.
Comunidades como Ostula, Cherán o Arantepacua por mencionar algunas del
estado de Michoacán presentan características particulares en todo este amplio
panorama de conflictividad. Principalmente son comunidades indígenas, que se
han solidarizado con diversos movimientos sociales del estado y el país, han
luchado por reconstituir formas de gobierno propias y apegadas a su cultura,
mantienen altos niveles de organización interna lo cual les permite frenar
iniciativas nocivas del Estado, luchan por defender su tierra, territorio y
organizarse para poder tener procesos internos de elección de autoridades,
además de mantener presencia organizativa dentro del Congreso Nacional
Indígena.
El trato cruel e inhumano que recibieron los comuneros de Arantepacua no
puede descontextualizarse de la solidaridad que ha mostrado esta comunidad con
el magisterio democrático, con los estudiantes normalistas organizados y con
los pueblos en lucha de Michoacán.
Las tierras.
De acuerdo a los
testimonios de los comuneros de Arantepacua hace un mes aproximadamente se
tornó álgida una antigua discordia por 520 hectáreas de tierra, con su pueblo
vecino de Capacuaro. Esta nueva etapa entre ambas comunidades derivo en 15
mesas de trabajo con la Secretaria de Gobierno del estado de Michoacán, donde
además de esta instancia participaron también la Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y la Procuraduría Agraria.
Un breve recuento nos señala que en 1941 se firmó entre ambas
comunidades lo que hoy conocen como Acuerdo 41 que es una
resolución donde de común acuerdo se repartieron a la mitad esa tierra en
disputa y que tuvieron a bien ambas comunidades dejarlo por escrito y
protocolizado en el Registro Agrario Nacional (RAN). A pesar de ello, en 1984
se da a conocer una resolución presidencial que desconociendo dicho acuerdo,
dota de más tierras a Capacuaro que a Arantepacua. A partir de ese momento y
durante más de 40 años estas comunidades han mantenido la tensión de esta
problemática, superándola a base de dialogo y acuerdos intercomunitarios.
Es importante resaltar que a pesar de esta resolución
presidencial, las autoridades de ambas comunidades llevan más de cuatro décadas
conviviendo en estas condiciones de incertidumbre jurídica. No son los salvajes
que se asesinan entre sí por un pedazo de tierra, como los han querido
presentar en los hechos recientes. Más allá de esa visión simplista, ambas
comunidades han mostrado un alto nivel de diplomacia y de entendimiento entre
pueblos.
Lamentablemente la influencia de los partidos políticos y la
cadena de escombros que dejan tras de sí, décadas de políticas neoliberales que
han destruido al campo y a las y los campesinos, un derrumbe económico grave y
la caída drástica del poder adquisitivo en México; sumado a los intereses de
grupos de poder que quieren mantener un control sobre la tala de bosques, que
por ejemplo detono el conflicto que llevo a Cherán a levantarse como pueblo,
son factores derivaron en una nueva etapa de diferencias y distanciamiento
entre ambas comunidades, lo cual señalan los comuneros ha ocasionado un corte
de carretera y filtros para prohibir el paso de una comunidad a la otra desde
hace poco más de un año.
Esta situación llevo a que a principios de marzo de este 2017, los
comuneros de Capacuaro implementaran un filtro e hicieran un acuerdo con el
gobierno del estado para determinar un plazo de resolución del conflicto. A
mediados de marzo de este año llego una notificación endosada por el gobierno
michoacano encabezado por Silvano Aureoles Conejo, donde se les informa a los
comuneros de Arantepacua el plazo para la resolución del conflicto.
Posteriormente los comuneros de Arantepacua son informados por fuentes cercanas
a ellos, que este acuerdo entre el gobierno de Michoacán y la comunidad de
Capacuaro se da para no ver entorpecida la celebración anual del tradicional
Tianguis Artesanal de Domingo de Ramos en Uruapan, donde participaran alrededor
de 1400 artesanos de todo el estado. Esta fiesta representa una derrama
económica muy importante para la región y es una proyección turística que
se ha posicionado con importantes alcances internacionales.
Los comuneros de Capacuaro se retiraron desde una semana antes de la
incursión armada de las fuerzas de seguridad pública, dejando libres los
filtros y terrenos en disputa. Esto debido a que en el documento gubernamental
que recibió Arantepacua, se les advertía que los terrenos en discordia serian
resguardados por elementos de seguridad publica. Lo cual detono que los
comuneros de Arantepacua se sintieran menospreciados por no haber sido tomados
en cuenta en este acuerdo bilateral entre la Secretaria de Gobierno de
Michoacán y Capacuaro. Además de considerarlo también una ofensa por el hecho
de que el gobierno irrumpa a resguardar las tierras, como si las
comunidades no tuvieran la capacidad de resolver sus diferencias.
El domingo 2 de abril de este año, en asamblea comunal se aprueba por
mayoría hacerle llegar al gobierno estatal un manifiesto de inconformidad por
los acuerdos que recientemente les fueron notificados, y que de acuerdo al
pensamiento de la comunidad resultan excluyentes, paternalistas y profundizan
el conflicto, lejos de impulsar el dialogo y el consenso entre ambos poblados.
La
traición.
El martes 4 de abril
fue acordada y fijada la fecha con la Secretaria de Gobierno de Michoacán,
para hacer la entrega del manifiesto redactado por la comunidad. Las
autoridades estatales ya estaban avisadas del encuentro, para el cual salieron
tres autobuses desde temprana hora de la plaza de Arantepacua. A las 9:30 de la
mañana dos kilómetros después del poblado de San Juan Tumbio los tres autobuses
son interceptados y detenidos por un operativo de Fuerzas Estatales y Grupo de
Operaciones Especiales. Alrededor de 400 efectivos les impidieron el paso,
mientras las autoridades comunales de Arantepacua, se comunicaron vía
telefónica directamente con el Subsecretario de Gobierno de Michoacán Armando
Hurtado Arévalo para reprocharle el operativo, cuando ya existía una cita
previamente acordada entre autoridades de la comunidad y la Secretaría de
Gobierno de Michoacán.
Los comuneros decidieron irse caminando al poblado de San Juan Tumbio,
para evitar un enfrentamiento, ya que expresamente manifiestan que fueron
hostigados y amedrentados por los Policías Estatales y de Operaciones
Especiales. Al enterarse la comunidad de Arantepacua de esta situación irregular,
se organizaron más comuneros y se trasladaron en cinco autobuses a San Juan
Tumbio para apoyar a sus vecinos. Vía telefónica el Subsecretario de Gobierno
les confirma nuevamente la reunión, pero condiciona a los comuneros para que no
asistan los más de 200 representantes de Arantepacua. En esta negociación
acuerdan que solo un autobús pueda trasladarse a Morelia para llevar a cabo la
diligencia.
Una vez más los comuneros de buena fe aceptan las condiciones de la
Secretaria de Gobernación y designan a una comisión de 38 comuneros que
representaran al poblado indígena purépecha en la entrega del manifiesto
realizado y aprobado por su asamblea. A las 2 pm dicha comisión se traslada a
la ciudad de Morelia siendo escoltados de por lo menos una decena de unidades
policíacas de las corporaciones ya mencionadas, que les impidieron el libre
transito desde la mañana.
A la reunión entre autoridades de Arantepacua y la Secretaria de
Gobierno, solo se les permitió la entrada a 15 representantes para la
entrega del manifiesto en el Palacio de Gobierno de Michoacán. Los comuneros
brindan testimonio de que el Subsecretario de Gobierno de Michoacán Armando
Hurtado Arévalo además de recibir su documento, les hizo mención de la nueva
legislación aprobada recientemente en contra de las movilizaciones sociales y
les comentaron que el autobús en el que llegaron tenía «reporte de robo». Durante este encuentro el subsecretario de
gobierno insistió en un plazo de 5 meses para la resolución del conflicto,
mientras los representantes de Arantepacua propusieron de forma tentativa,
hasta su aprobación en una nueva asamblea de comuneros un plazo de 2 meses y
medio y la condición de que ningún elemento de seguridad publica resguardara
los terrenos, ya que esto les representa una ofensa a su capacidad, demostrada
durante cuatro décadas para resolver el conflicto con el poblado vecino.
Después de la reunión donde de acuerdo a los testimonios de los
comuneros asistentes, las autoridades estatales quedaron molestas por la
postura de los representantes de Arantepacua, estos se retiraron en el autobús
en el que llegaron y se dirigieron a la salida Morelia-Uruapan (Xangari) para
trasladarse a su comunidad, cuando en el cruce vehicular frente al Walt-Mart de
esta ciudad, un fuerte operativo estaba cerrando el paso. A modo de tenaza
dijeron «quedamos en medio de este nuevo
reten y las unidades que nos venían siguiendo desde ese mañana». De
inmediato se subieron policías ministeriales apuntándoles con armas de grueso
calibre y los arrinconaron a todos al fondo del autobús, donde les dispararon
gas lacrimógeno y los detuvieron.
El
imperio de la impunidad.
Los abogados
solidarios con la población de Arantepacua informaron que durante las 48 horas
posteriores a su detención, hubo falta de información a los familiares y no se
sabia la ubicación de los 38 detenidos. El día 5 de abril un operativo
coordinado entre el ejercito SEDENA, policías de las Fuerzas Estatales y el
GOES, incursionaron al poblado indígena dejando el saldo antes mencionado de 3
comuneros asesinados, 1 menor asesinado, 9 detenidos, decenas de hombres y
mujeres heridas, y cateos de domicilios particulares que aun no se cuantifican.
Juan Bernardo Corona, secretario de Seguridad Pública de Michoacán informo
oficialmente que fueron atacados y tuvieron que responder. Este crimen de
Estado será materia de nuestra siguiente entrega, con testimonios de las y los
pobladores que sobrevivieron al terror sembrado hace unos días en Arantepacua.
El 7 de abril del 2017 el juez Cristóbal Luviano Tena dicto a las 2:07
horas una resolución de vinculación a proceso por los delitos de Ataques a las
vías de comunicación y Privación de la libertad personal a los 38 comuneros
detenidos el 4 de abril del 2017. A las 4 de la madrugada fueron liberados 37
comuneros para continuar su proceso jurídico en libertad. Neftalí Montaño
Crisóstomo es el único comunero de este primer bloque de imputados que llevara
su proceso recluido en el CERESO David Franco Rodríguez (Mil Cumbres).
Al salir del centro de rehabilitación para menores del estado de
Morelia, el cual fue habilitado para la mencionada audiencia. Los comuneros
agradecieron a su pueblo, a las organizaciones sociales, estudiantes y a tod@s
a quienes se han solidarizado con ellos, reiterando que su causa es justa y que
el crimen que cometió el Estado el día 5 de abril en contra de su pueblo, no
debe de quedar impune.
Durante su regreso a Arantepacua los recién liberados fueron recibidos
este 7 de abril a las 6 de la tarde en la comunidad de Pichataro por pobladores
quienes al grito de «el pueblo unido jamás será vencido» y el tradicional «Juchari
uinhapikua» de la meseta purépecha -que en lengua significa «nuestra
fuerza»- les dan la bienvenida a su territorio a la comisión que salió
hace 3 días a representarlos en una mesa con el gobierno del estado de
Michoacán, para iniciar un recuento de daños, donde en principio están latentes
los asesinados, los presos y las historias de horror que encontrarán en su
comunidad.
La mañana del 8 de abril se presentaron ante el juez los 9 comuneros aún
recluidos, acusados de homicidio en grado
de tentativa y ataques a las vías de
comunicación, detenidos el día 5 de abril del 2017 en Arantepacua, durante
el operativo, que ha dejado ya el asesinato de 3 comuneros y un menor.
Comentarios