Rebelión, 27-03-2013
“Su justicia es falsa”: Esa
fue la voz más alta de la Conferencia de Prensa realizada el 15 de marzo con
líderes de los pueblos Ixil, Q’anjob’al, Chuj, Akateko, K’iche’, Mam,
Kaqchikel, Q’eqchi’, Ch’orti’, Poqomchi’, Achi’, Xinka y Mestizo. La justicia
es falsa, dijeron, porque en lugar de usar la Constitución para proteger los
derechos de los pueblos indígenas, la usan para tutelar negocios privados. Los
líderes indígenas presentaron como pruebas de su indignación varias
resoluciones judiciales que coinciden en mostrar una práctica común e impune:
racismo y desprecio a la vida de los pueblos indígenas.
Una denuncia
de gran importancia, incluso para debatir a fondo el estado de la doctrina
constitucional guatemalteca, es que la Corte de Constitucionalidad negó el
recurso de inconstitucionalidad total de la ley de minería considerando que NO
viola los derechos de los pueblos indígenas. Esta vez no aceptó que, al ser
aprobada en 1997 estando en plena vigencia el Convenio 169 de la OIT, la ley
minera debió adecuar su normativa al cumplimiento de los derechos de los
pueblos indígenas. Pero la CC dijo que no, que esa ley está bien tal como está,
casi perfecta.
Otra
denuncia de falsedad de justicia son los fallos de la Corte Suprema y de la
Corte de Constitucionalidad a favor de empresas extranjeras que están
penetrando en el territorio Maya Ixil. La empresa Enel de Italia fue protegida
sin escuchar la inconformidad del Pueblo Ixil, ni las protestas por coacción,
amenazas y persecución para aceptar el contrato con la trasnacional italiana.
También se denunció que e n Lanquín, Alta Verapaz, la Corte de
Constitucionalidad otorgó amparo a favor del Pueblo Q’eq’chi’, pero que no
anuló la licencia de la construcción de la hidroeléctrica Xacbal, por lo que la
empresa Entre Ríos S.A. sigue haciendo lo mismo. Otra prueba de falsedad fue
puesta por las Autoridades de los 48 Cantones de Totonicapán, quienes dijeron
que es otra burla de la justicia y un acto de impunidad el que los tribunales
decidan no juzgar a los autores intelectuales de la masacre del 4 de octubre
del 2012. Y se dijo, además, que la protección de la Corte de
Constitucionalidad a la reforma del magisterio niega y destruye los idiomas
indígenas y la formación de maestros indígenas.
En la
Conferencia de Prensa, estando allí como testigo de honor de 28 comunidades del
Pueblo Ixil, monseñor Álvaro Ramazzini afirmó con razón que están a la vista
abusos que no pueden dejar de abordarse y tener un impacto en la Organización
Internacional de Trabajo (OIT). La CC no sólo le dio la espalda a la demanda
del Pueblo Ixil, sino el mismo presidente de la República, Otto Pérez Molina,
desairó la confianza que pusieron en el diálogo las autoridades ancestrales de
San Juan Cotzal, Nebaj y Chajul, mientras decidió respaldar la suspensión
unilateral de las negociaciones, avalando un papel firmado sólo por el Alcalde
de San Juan Cotzal, sin consentimiento expreso y previo de las comunidades,
para imponer que Enel controle el río Cotzal por 20 años, se apropie del 100%
de la venta de electricidad y entregue tan sólo 2 millones de quetzales al año
a la Municipalidad en calidad de beneficios. Al presidente de la República la
llegada de Enel le parece un acto histórico de consenso y democracia y lo dice
para la región Ixil, donde se cometieron 114 masacres, y donde también asegura
que nunca hubo genocidio.
Esta
demasiado claro que todo el régimen político (el ejecutivo, el legislativo y el
judicial), se niega a hacer un análisis profundo del estado de los derechos de
los pueblos indígenas en Guatemala. ¿Cuándo se aceptará que existe violación
específica a los derechos indígenas? Todas las redes del sistema político
guatemalteco confabulan cada día para no ver a los “indios”. Los medios de comunicación y los voceros del racismo
hacen parecer como algo normal que el derecho indígena se interprete como si
fuera una rama jurídica alejada de las demás, sin vínculos con la articulación
política de la nación en su conjunto. Ni siquiera se reconoce la costumbre como
fuente de derecho. A la CC le importa un comino la costumbre indígena de llamar
a la puesta en común.
Ayer lo
hicieron para robar sus tierras y obligarlos a punta de fusil para trabajar
gratis en sus fincas. Hoy se modernizan alardeando que se respetan los derechos
indígenas con programitas de salud y nutrición y repartiendo bolsas de
alimentos. Hoy planifican su plusvalía con desalojos y tribunales de arbitraje.
El derecho internacional no les importa.
Es al
sistema político al que hay que cambiar. Existen muchas razones para no seguir
tolerando su arrogancia. Mencionemos cinco. Primera, porque es un sistema corrupto, funcional para compadres y
mafias de todo tipo. Allí están la ministra de Ambiente y el ministro de
Energía y Minas ocultando que son asesores de trasnacionales, parientes de
gerentes mineros, socios de militares petroleros y líderes de redes de
proveedores para la producción de gas, petróleo y minerales. Todo un circo de
diputados negocia con empresarios narcos, gringos o europeos para tener
padrinos en las próximas elecciones.
Segunda, porque es un sistema que no admite la
participación y representación comunitaria. Sólo le interesa controlar los
derechos de ciudadanía. Por eso la CC no ha aceptado ninguna consulta, ni la
realizada por las comunidades mestizas, basadas en los artículos 64, 65 y 66
del Código Municipal, que es una ley constitucional. La CC en diciembre de 2012
ordenó de manera prepotente desaparecer del orden jurídico toda normativa que
indique que las consultas sean vinculantes.
Tercera, porque es racista. Acostumbrado a las prácticas
asimilacionistas no tolera los derechos indígenas. La identidad indígena sólo
la acepta para el folclor y el turismo. Reforma la ley electoral pero no admite
el derecho al autogobierno de los pueblos indígenas. Para este régimen
político, los pueblos indígenas en Guatemala son los mismos “indios” de hace 60 años a quienes se
les acerca y habla sólo a la hora del voto. Nada ha cambiado: sus idiomas
siguen sin ser oficiales, sus títulos de propiedad siguen siendo burlados, sus
autoridades siguen siendo negadas, sus sistemas de convivencia siguen siendo
destruidos, sus mujeres siguen siendo violadas por soldados, su educación y su
salud sigue siendo despreciadas y su justicia desestimada. Los monopolios de
noticias son decisivos para levantar creencias racistas que no aceptan la
existencia de derechos específicos de los pueblos indígenas.
La cuarta razón es que este sistema
político sólo administra la pobreza, ni siquiera se propone erradicarla. No
tardan en aparecer nuevos candidatos defendiendo el empleo y la pequeña y
mediana empresa y prometiendo lo que ya no podrá hacer Pérez Molina porque,
como siempre, el gobierno de turno caerá en desgracia y la oligarquía habrá
cambiado de bando muy feliz, ya que tiene pactos fuertes con cúpulas militares
y poderes extranjeros para empujar su economía con desalojos, despojos y
muertes. Y se trata de una economía que hunde a la mayoría, con dedicatoria
especial contra la población indígena.
Y la quinta es porque este sistema sólo
habla a balazos. La censura y el miedo son sus cartas de negociación. Su
política es la persecución ilegal contra quienes defienden sus derechos. Los
asesinatos políticos contra los dirigentes indígenas y campesinos Gerónimo Sol
Ajcot, de Sololá; Carlos Hernández, de Chiquimula; Exaltación Marcos Ucelo y
Rigoberto Aguilar, de Santa María Xalapán, son otras pruebas de su vocación
criminal. La reciente captura de Rubén Herrera, dirigente social de Barillas,
Huehuetenango, y miembro del Consejo de Pueblos Indígenas de Occidente, es otra
evidencia de que la justicia prefiere cuidar los contratos mercantiles que
proteger los derechos humanos.
En esta
Conferencia de Prensa los pueblos indígenas dijeron: “nos están obligando a no creer ni respetar sus leyes y sus instituciones”.
Esas fueron palabras llenas de honor, dignidad y de valor porque es muy cierto
que Guatemala no puede seguir igual.
Rebelión ha publicado este
artículo con el permiso de la autora mediante una licencia de
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